El Estado Argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Presentamos parte de una investigación que se desarrolla desde el año 2011 en el ámbito de la SecTyP –UNCuyo denominado “El Estado argentino frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Su eje lo constituye el impacto del Sistema de Interamericano de Derechos Humanos en el ordenamiento...
Guardado en:
| Autores principales: | , , , , , |
|---|---|
| Publicado: |
2015
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://bdigital.uncu.edu.ar/fichas.php?idobjeto=7764 |
| Sumario: | Presentamos parte de una investigación que se desarrolla desde el año 2011 en el
ámbito de la SecTyP –UNCuyo denominado “El Estado argentino frente a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos”. Su eje lo constituye el impacto del Sistema de
Interamericano de Derechos Humanos en el ordenamiento jurídico de la República
Argentina como miembro de la Organización de Estados Americanos.
En los últimos 30 años nuestro país ha sido objeto de numerosos y relevantes
pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por
graves violaciones producidas a partir de que reconocimos la competencia contenciosa
de ese tribunal internacional.
Cabe destacar, además, que la provincia de Mendoza ha sido objeto de especial
atención para los órganos del sistema interamericano ya que de 15 pronunciamientos en
los que fue parte el estado argentino (referidos a casos contenciosos y medidas
provisionales), 3 de ellos involucran a agentes estatales de nuestra provincia. Más aún,
no resulta un dato menor que la primera sentencia de la Corte IDH donde se condenó a
la Argentina fue motivada por la desaparición de dos ciudadanos mendocinos en 1990,
luego de que fueran detenidos por miembros de la Policía de Mendoza en el Parque
General San Martín, a pocos metros de la Universidad Nacional de Cuyo.
Años más tarde, en 2004, el máximo Tribunal Interamericano dispuso Medidas
Provisionales para proteger los derechos fundamentales de las personas privadas de
libertad en los establecimientos carcelarios de nuestra provincia lo que derivó en un
trascendente cambios en la política penitenciaria local, la construcción de un nuevo
establecimiento y la creación de la Comisión Provincial para Prevenir la Tortura por ley
provincial n° 8.284.
Finalmente en el año 2010 la Corte IDH condenó nuevamente al estado argentino
porque jueces de nuestra provincia impusieron penas de prisión perpetua a personas
menores de 18 años violando así no sólo el Pacto de San José de Costa Rica sino
también la Convención Internacional de Derechos del Niño.
Además nos resultaba de sumo interés realizar un seguimiento sobre la proyección
que estos pronunciamientos han tenido en el ámbito interno del estado argentino, tanto a
nivel legislativo como judicial, o la modificación de prácticas institucionales y políticas
publicas tendientes a compatibilizar estas últimas con las obligaciones internacionales
asumidas por nuestro país al ratificar los tratados internacionales sobre derechos
humanos.
Entendemos que estas particulares circunstancia justifican una investigación
pormenorizada de cada intervención que nuestro país frente al tribunal interamericano
las gravitaciones que ello ha tenido en las reformas institucionales que fueron su
consecuencia.
Para efectuar esa tarea conformamos un equipo integrado por docentes, egresados
y alumnos de nuestra Facultad que a lo largo de estos años han mostrado un sostenido
compromiso con los temas que aquí se desarrollan.
A lo largo de este proyecto, además de acceder a las sentencias e informes de la
Corte IDH y de la CIDH hemos podido analizar otras piezas relevantes de los propios
expedientes (como son los escritos de demanda, las contestaciones de las mismas por
parte del Estado argentino, los aportes de los representantes de las víctimas, testimonios
e informes periciales) merced a las nuevas herramientas digitales incorporadas en la
página web del órgano jurisdiccional interamericano. Todo ello resultó de especial
relevancia para contar con información que no se encuentra volcada en las resoluciones
del tribunal interamericano.
Para circunscribirnos a la muestra temporal que abarcan estas jornadas nos
propusimos realizar una análisis crítico y profundo de las circunstancias que motivaron
la declaración de responsabilidad internacional en algunos casos contenciosos que
decidió el Alto Tribunal de la OEA, como así también las Medidas Provisionales en que
el país fue parte, en el periodo 2001-2015.
De allí surgió el estudio de los casos contenciosos que tuvieran relevancia penal
tales como: “Bulacio” (2003), Bueno Alves” (2007), Kimel (2008) y “Bayarri” (2008);
“Torres Millacura” (2011), “Mohamed” (2012), “Mendoza y otros” (2013), Gutiérrez y
flia (2013). Asimismo se analiza el procedimiento de Medidas Provisionales adoptadas
por la Corte IDH en favor de los internos de las penitenciarías de Mendoza (20042011).
El equipo de investigación que participó en la elaboración de esta ponencia se
encuentra integrado por Diego Jorge LAVADO, Lucas Germán LECOUR, Andrés
Javier ROUSSET SIRI, Sergio SALINAS GIORDANO, Daniel RODRÍGUEZ
INFANTE y Milagros NOLI. |
|---|
